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Residía ilegalmente en Boston

Colombian National Convicted of Voter Fraud

Ciudadana colombiana condenada por fraude electoral

She was unlawfully residing in Boston, was convicted today

Ciudadana colombiana condenada por fraude electoral, fraude de beneficios federales y delitos de robo de identidad
Viernes, 6 de febrero de 2026

Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts
La acusada votó en las elecciones presidenciales de 2024 con una identidad robada; vivió con una identidad robada durante más de 20 años; obtuvo una identificación Real ID; y recibió indebidamente más de $400,000 en beneficios federales obtenidos fraudulentamente.

BOSTON – Una mujer colombiana, que residía ilegalmente en Boston, fue declarada culpable hoy, tras un juicio con jurado de cinco días en un tribunal federal de Boston, de delitos de robo de identidad, incluyendo la recepción de asistencia para el alquiler, beneficios del Seguro Social y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), así como fraude electoral bajo la identidad robada. La acusada también solicitó un pasaporte estadounidense y obtuvo una identificación Real ID de Massachusetts y otras ocho identificaciones estatales.

Lina Maria Orovio-Hernandez, de 59 años, fue declarada culpable de un cargo de representación falsa de un número de Seguro Social; un cargo de declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense; un cargo de robo de identidad agravado; tres cargos de recepción de dinero o propiedad del gobierno obtenidos fraudulentamente; y un cargo de votación fraudulenta. Orovio-Hernandez fue acusada mediante una acusación formal sustitutiva en mayo de 2025. Anteriormente había sido acusada en una acusación formal en febrero de 2025 y ha permanecido bajo custodia federal desde entonces.

Orovio-Hernandez, ciudadana colombiana sin estatus legal en los Estados Unidos, ha vivido con una identidad robada durante más de 20 años. Usando la identidad robada, Orovio-Hernandez obtuvo nueve identificaciones estatales, incluyendo una identificación Real ID de Massachusetts y solicitó un pasaporte estadounidense.

Orovio-Hernandez también usó la identidad robada para emitir un voto fraudulento en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Además, Orovio-Hernandez recibió indebidamente aproximadamente $400,000 en beneficios federales: $259,589 en beneficios de asistencia para el alquiler de la Sección 8 desde octubre de 2011 hasta enero de 2025; $101,257 en beneficios por discapacidad del Seguro Social desde julio de 2014 hasta enero de 2025; y $43,348 en beneficios SNAP desde abril de 2005 hasta enero de 2025.

Las imágenes de vigilancia de un cajero automático de Citizen Bank muestran a Orovio-Hernández con una pegatina de "Yo voté" el 5 de noviembre de 2024.
Imagen de la solicitud de pasaporte estadounidense de Orovio-Hernández, bajo identidad robada. Imagen de la solicitud de visa de Orovio-Hernández en la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

“La Sra. Orovio-Hernández ha vivido ilegalmente en este país durante dos décadas, tiempo durante el cual hizo repetidamente declaraciones falsas, robó, cometió fraude e incluso votó ilegalmente”, dijo la fiscal federal Leah B. Foley. “Sus repetidos actos delictivos son una bofetada para todos aquellos que entran legalmente a este país y cumplen con nuestras leyes. Su actitud de impunidad es asombrosa. Este caso es otro ejemplo de nuestro compromiso de erradicar a quienes violan nuestras leyes de inmigración y roban a los ciudadanos estadounidenses”.

“Esta investigación destaca el papel fundamental del DSS en la protección del público estadounidense contra el fraude de identidad y documentos”, dijo el agente especial a cargo Nathan Hebert de la Oficina de Campo de Boston del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Esta condena refleja los incansables esfuerzos de nuestros agentes especiales y la solidez de nuestras alianzas entre agencias”.

“Este veredicto envía un mensaje claro: el robo de identidad y el fraude contra los programas de beneficios federales no pasarán desapercibidos ni quedarán impunes”, dijo Amy Connelly, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG), División de Campo Boston-Nueva York. “El jurado confirmó que la acusada utilizó una identidad robada para cobrar ilegalmente beneficios del Seguro Social, cometer fraude electoral y socavar la confianza pública. La SSA OIG se compromete a investigar y responsabilizar a cualquier persona, incluidos los inmigrantes indocumentados, que explote los programas del Seguro Social”. “El engaño premeditado de Orovio-Hernández le permitió recibir fraudulentamente más de $400,000 en beneficios federales, incluyendo más de $250,000 en asistencia de alquiler del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Estos fondos públicos estaban destinados a proporcionar asistencia de vivienda a las poblaciones más vulnerables: ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos, personas con discapacidad y personas mayores”, declaró el Agente Especial a Cargo Shawn Rice de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos.

“Sus acciones no fueron un error o un accidente aislado. Vivió con una identidad robada durante más de dos décadas, realizando numerosas acciones para defraudar al Gobierno de Estados Unidos. La OIG del HUD mantiene su firme compromiso de trabajar con la Fiscalía Federal y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir enérgicamente a quienes participan en actividades que amenazan la integridad de los programas del HUD”, dijo la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.

 

El cargo de falsificación de un número de Seguro Social conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de $250,000. El cargo de declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de $250,000. El cargo de robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión, que se cumplirá consecutivamente a cualquier otra pena impuesta, un año de libertad condicional supervisada y una multa de $250,000. Los cargos de recepción de bienes o propiedades gubernamentales robadas conllevan una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.

 

El cargo de voto fraudulento conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de $250,000. El acusado está sujeto a deportación al cumplir cualquier pena impuesta. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal con base en las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y las leyes que rigen la determinación de la pena en un caso penal.

 

El Fiscal Federal Foley; el Agente Especial a Cargo del DSS, Hebert; el Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General de la SSA, Connelly; el Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General del HUD, Rice; y Charmeka Parker, Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina de Investigaciones - Región Noreste, hicieron el anuncio. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos brindó una valiosa asistencia en la investigación. El Fiscal Federal Adjunto Especial James J. Nagelberg y la Fiscal Federal Adjunta Allegra Flamm, de la Unidad de Delitos Graves, están a cargo del procesamiento del caso.

Actualizado el 6 de febrero de 2026

U.S. Attorney's Office, District of Massachusetts
Defendant voted in the 2024 presidential election under a stolen identity; lived under stolen identity for more than 20 years; obtained a Real ID; and improperly received more than $400,000 in stolen federal benefits
BOSTON – A Colombian woman, unlawfully residing in Boston, was convicted today following a five-day jury trial in federal court in Boston of identity theft offenses, including receiving rental assistance, Social Security and Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP) benefits, as well as voter fraud under the stolen identity. The defendant also applied for a United States passport and obtained a Massachusetts Real ID and eight other state IDs.

Lina Maria Orovio-Hernandez, 59, was convicted of one count of false representation of a Social Security number; one count of making a false statement in an application for a United States passport; one count of aggravated identity theft; three counts of receiving stolen government money or property; and one count of fraudulent voting. Orovio-Hernandez was charged by superseding indictment in May 2025. She was previously charged in an indictment in February 2025 and has remained in federal custody since that time.

Orovio-Hernandez, a Colombian national without lawful status in the United States, has lived under a stolen identity for more than 20 years. Using the stolen identity, Orovio-Hernandez obtained nine state IDs, including a Massachusetts Real ID and applied for a U.S. passport.

Orovio-Hernandez also used the stolen identity to cast a fraudulent ballot in the November 2024 presidential election. In addition, Orovio-Hernandez improperly received approximately $400,000 in federal benefits: $259,589 in Section 8 rental assistance benefits from October 2011 through January 2025; $101,257 in Social Security disability benefits from July 2014 through January 2025; and $43,348 in SNAP benefits from April 2005 through January 2025.

Surveillance footage from a Citizen Bank ATM shows Orovio-Hernandez wearing a “I Voted” sticker on Nov. 5, 2024.
Image from Orovio-Hernandez’s U.S. passport application, under stolen identity. Image from Orovio-Hernandez’s Visa application from U.S. Embassy in Colombia.
“Ms. Orovio-Hernandez has lived in this country illegally for two decades, during which time she repeatedly made false statements, stole, committed fraud and even voted illegally,” said United States Attorney Leah B. Foley. “Her repeated criminal acts are a slap in the face to all those who come into this country legally and abide by our laws. The air of entitlement is astounding. This case is yet another example of our commitment to rooting out those who violate our immigration laws and steal from United States Citizens.”

“This investigation highlights the critical role of DSS in protecting the American public from identity and document fraud,” said Special Agent in Charge Nathan Hebert of the U.S. Department of State’s Diplomatic Security Service (DSS) Boston Field Office. “This conviction reflects the tireless efforts of our special agents and the strength of our partnerships across agencies.”

“This verdict sends a clear message: identity theft and fraud against federal benefit programs will not go undetected or unpunished,” said Amy Connelly, Special Agent in Charge of the Social Security Administration Office of the Inspector General (SSA OIG), Boston–New York Field Division. “The jury confirmed that the defendant used a stolen identity to illegally collect Social Security benefits, commit voter fraud, and undermine public trust. SSA OIG is committed to investigating and holding accountable anyone—including illegal immigrants—who exploit Social Security programs.”

“Orovio-Hernandez’s calculated deception caused her to fraudulently receive over $400,000 in federal benefits including more than $250,000 in HUD rental assistance. These taxpayer funds were intended to provide housing assistance to our most at-risk populations—low income, disabled, and elderly United States citizens,” said Special Agent in Charge Shawn Rice with the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), Office of Inspector General (OIG). “Her actions were not a onetime mistake or accident. She lived under a stolen identity for over two decades, taking numerous actions and steps to further defraud the United States Government. HUD OIG remains steadfast in its commitment to working with the U.S. Attorney’s Office and our law enforcement partners to aggressively pursue those who engage in activities that threaten the integrity of HUD programs.

”The charge of false representation of a Social Security number provides for a sentence of up to five years in prison, three years of supervised release and a fine of $250,000. The charge of making a false statement in an application for a United States passport provides for a sentence of up to 10 years in prison, three years of supervised release and a fine of $250,000. The charge of aggravated identity theft provides for a mandatory two-year sentence to run consecutively to any other sentence imposed, one year of supervised release and a fine of $250,000. The charges of receiving stolen government or property provide for a sentence of up to 10 years in prison, three years of supervised release and a fine of $250,000 or twice the gross gain or loss, whichever is greater. The charge of fraudulent voting provides for a sentence of up to five years in prison, three years of supervised release and a fine of $250,000. The defendant is subject to deportation upon completion of any sentence imposed. Sentences are imposed by a federal district court judge based upon the U.S. Sentencing Guidelines and statutes which govern the determination of a sentence in a criminal case.

U.S. Attorney Foley; DSS SAC Hebert; SSA OIG SAC Connelly; HUD OIG SAC Rice; and Charmeka Parker, Special Agent in Charge of the U.S. Department of Agriculture, Office of Inspector General, Office of Investigations – Northeast Region made the announcement. Valuable assistance in the investigation was provided by the United States Postal Inspection Service. Special Assistant U.S. Attorney James J. Nagelberg and Assistant U.S. Attorney Allegra Flamm of the Major Crimes Unit are prosecuting the case.